Alejandro David Castellanos,

Daniel Greenberg,

Anti-Censorship and Social Issues Committee

International Game Developers Association

The Honorable Carlos Alberto Puente Salas

Parliamentary Group of the Green Party of Mexico

Senate of the Republic of Mexico

Re: EL INICISO XXI BIS DEL ARTICULO 27

Dear Senator Salas,

I am writing on behalf of the International Game Developers Association regarding the legislative proposal currently being drafted to reform the Mexican federal classification of video games.

The International Game Developers Association is the largest non-profit membership organization serving individuals that create video games, with many members in Mexico. The IGDA is committed to advancing the careers and enhancing the lives of game developers by connecting members with their peers, promoting professional development, and advocating on issues that affect the game developer community.

Video games make up a very large and growing segment of the Mexican economy, with many Mexicans working in stores that sell video games. A growing number of Mexicans are gaining good, high-wage, high-tech jobs by entering the game development industry. Mexican legislators should not harm this growing field by passing laws against video games.

It is commendable that legislators are contemplating reforms to increase respect for human rights in Mexico. But legislators should not harm the human rights of Mexicans who create video games for a living and they should not harm the human rights of the Mexicans who play video games.

This proposed law is not consistent with Constitution of Mexico, which grants protection to free speech and free trade. The limitations on free speech, including public health and incitement to crime, do not apply here. Video games with imaginary violent content have never been proven to cause harm in the real world.

A few researchers, like one cited in the law, have attempted to demonstrate that the simulated violence in video games is harmful. But many other researchers pointed out flaws in methodologies in his research studies, including “selection bias.” They criticized him in scientific papers like “Much Ado about Nothing: The Misestimation and Overinterpretation of Violent Video Game. Effects in Eastern and Western Nations: Comment on Anderson et al.” We recommend that lawmakers in Mexico read it before voting on this law: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20192554

We recommend that all lawmakers in Mexico read also read this answer to that researcher’s work: “Poor Measurement, Poor Controls and Spurious Results in Swing et al (2010).” http://pediatrics.aappublications.org/content/126/2/214/reply#pediatrics_el_50502

The Supreme Court of the United States of America also criticized the work of the researcher cited in this law. The US Supreme Court overturned a law he supported with his research studies. The Supreme Court agreed that “these studies have been rejected by every court to consider them, and with good reason.”

The truth is that validated scientific research shows that any effects of imaginary violence in games are no worse than the effects of cartoons like Bugs Bunny. Therefore, there is no public health or crime threat posed by these games. As a result, these games are protected by the Mexican Constitution.

Video games have never been proved to, as the bill claims, “cause the commission of any crime or disturb public order.” Therefore this bill is unnecessary.

The Federal Classification rules are also unnecessary. Video games sold in Mexico already conform to the Entertainment Software Rating Board (ESRB) ratings system, which is also in use in the USA and Canada. This system has proven extremely effective in preventing minors from buying video games designed for adults. It is very effective in informing parents about the content of games to help parents make wise buying choices. The ESRB provides materials in Spanish to help parents in Mexico to decide which games are right for their children. Stores in the US and Canada have successfully restricted the sale of Mature-rated games to minors. Stores in Mexico can do the same without new laws.

An additional ratings system for games is unnecessary, and puts a burden on the Mexican government to provide ratings. It also puts an unnecessary burden on Mexican game developers.

The game developer community of Mexico urges the rejection of this law, just as scientific researchers have rejected the claims the law is built upon.

Alejandro David Castellanos,

Daniel Greenberg,

Anti-Censorship and Social Issues Committee

International Game Developers Association

7 de mayo 2013

Alejandro David Castellanos,

Daniel Greenberg,

Lucha contra la censura y el Comité de Asuntos Sociales

Asociación de Desarrolladores International Game

El Honorable Carlos Alberto Puente Salas

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Senado de la República de México

Re: EL INICISO XXI BIS DEL ARTICULO 27

Estimado senador Salas,

Le escribo en nombre de la Asociación Internacional de Desarrolladores de Juegos (IGDA) con respecto a la propuesta legislativa que se está elaborando la reforma de la clasificación federal mexicano de los videojuegos.

La Asociación Internacional de Desarrolladores de juegos es la mayor organización sin fines de lucro al servicio de los individuos que crean videojuegos, con muchos miembros en México. La IGDA se ha comprometido a promover las carreras y mejorar la vida de los desarrolladores de juegos mediante la conexión de los miembros con sus compañeros, promoviendo el desarrollo profesional y la promoción de las cuestiones que afectan a la comunidad de desarrolladores de juego.

Los videojuegos constituyen una gran y creciente segmento de la economía mexicana, y muchos mexicanos que trabajan en las tiendas que venden los videojuegos. Un número cada vez mayor de mexicanos están ganando buenos empleos y salarios altos mediante la introducción de la industria de desarrollo de juegos. Los legisladores mexicanos no deberían dañar este campo cada vez más grande con la aprobación de leyes en contra de los videojuegos.

Es digno de elogio que los legisladores están considerando reformas para aumentar el respeto por los derechos humanos en México. Pero los legisladores no deberían perjudicar los derechos humanos de los mexicanos que crean juegos de vídeo para ganarse la vida y no deben perjudicar a los derechos humanos de los mexicanos que juegan juegos de video.

Este proyecto de ley no se ajusta a la Constitución de México, que otorga protección a la libertad de expresión y el libre comercio. Las limitaciones a la libertad de expresión, incluida la salud pública y la incitación al delito, no se aplican aquí. Los videojuegos de contenido violento imaginario nunca se ha demostrado que causa daño en el mundo real.

Algunos investigadores, como el que se cita en la ley, han tratado de demostrar que la violencia simulada en los juegos de vídeo es perjudicial. Sin embargo, muchos otros investigadores señalaron fallas en las metodologías de los estudios de investigación, entre ellos se criticó en artículos científicos como “selección Fallita.” “Mucho acerca de nada: La Desestimación y Sobre-interpretación del videojuego violento. Efectos en la cultura de Naciones occidentales y orientales: comentarios de Anderson et al.” Recomendamos a los legisladores que lean los siguientes artículos: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20192554

Recomendamos que todos los legisladores de México leen también lea esta respuesta a la obra de que el investigador: “Malas mediciones, Malos controles y espurias Resultados de oscilación et al. (2010).” http://pediatrics.aappublications.org/content/126/2/214/reply # pediatrics_el_50502

La Corte Suprema de los Estados Unidos de América también criticó el trabajo del investigador citado en la presente ley. La Corte Suprema de EE.UU. anuló una ley que apoya con sus estudios de investigación. La Corte Suprema acordó que “estos estudios han sido rechazados por todos los tribunales a considerar, y con buena razón.”

La verdad es que la investigación científica validada demuestra que los efectos de la violencia en los juegos imaginarios no son peores que los efectos de dibujos animados como Bugs Bunny. Por lo tanto, no hay ninguna amenaza para la salud o el crimen pública que representan estos juegos. Como resultado, estos juegos están protegidos por la Constitución mexicana.

Los videojuegos no se han demostrado, como dice el proyecto de ley, “hacer que la comisión de algún delito o perturbe el orden público.” Por tanto, este proyecto de ley es innecesario.

Las reglas federales de clasificación son también innecesarias. Los videojuegos se venden en México ya se ajustan a la Entertainment Software Rating Board (ESRB) sistema de clasificación, que también se utiliza en los EE.UU. y Canadá. Este sistema ha demostrado ser extremadamente eficaz en la prevención de los menores de edad a partir de la compra de videojuegos diseñados para adultos. Es muy eficaz para informar a los padres sobre el contenido de los juegos para ayudar a los padres a tomar decisiones de compra inteligentes. La ESRB ofrece materiales en español para ayudar a los padres en México para decidir a qué juegos son apropiados para sus hijos. Tiendas en los EE.UU. y Canadá han restringido con éxito la venta de juegos de mayor puntuación menores. Tiendas en México pueden hacer lo mismo sin las nuevas leyes.

Un sistema de clasificación adicional para juegos no es necesario, y pone una carga para el gobierno mexicano para proporcionar calificaciones. También pone una carga innecesaria para los desarrolladores de juegos mexicanos.

La comunidad de desarrolladores de juego de México insta al rechazo de esta ley, así como los investigadores científicos han rechazado las demandas de la ley se basa.

Alejandro David Castellanos,

Daniel Greenberg,

Lucha contra la censura y el Comité de Asuntos Sociales

Asociación de Desarrolladores International Game